EL CONCIERTO EDUCATIVO, LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA Y EL TRIBUNAL SUPREMO

Como es bien sabido, en dos recientes sentencias el TS ha confirmado el criterio de que los centros educativos privados con educación diferenciada, es decir, separada por el sexo de los alumnos, no pueden acogerse al régimen de concierto económico, esto es, no pueden percibir las dotaciones reservadas por la Administración para el sostenimiento de parte del sistema educativo no público.

                Debo decir antes que nada que la educación separada o segregada tiene dos facetas bien distintas. Desde el punto de vista ético, social, o incluso pedagógico, mi posición es totalmente contraria a tal sistema, por razones que no hace falta desarrollar aquí desde el momento en que otros las han expuesto ya de manera completa y apropiada. Y como el tiempo y el espacio son escasos y valiosos además de curvos, nada más digo al respecto.

                Ahora bien, la faceta jurídica es bastante más complicada. No andaré con rodeos. Diré simplemente que a pesar del proverbial y tradicional respeto que dispenso a los pronunciamientos judiciales, tengo para mí que éstos dos citados están errados. No lo afirmo, como suele ocurrir en estos casos, para reivindicar como apropiada la contraria solución, que como he dicho, rechazo como ciudadana. Sino porque detecto en las sentencias en cuestión, serias inconsistencias que resultan preocupantes, por más que el Ministro del Ramo haya avisado ya que no está para bromas en este asunto, revelando con ello sus mayores preocupaciones, que no parecen coincidir con las de la Nación y su futuro.

                Tranquilos. Sé que tenéis la bondad de leer este humilde blog personas que en ocasiones carecéis de formación jurídica específica. Por tanto no voy a hacer desarrollos en tal sentido, sin perjuicio de que quien tenga interés, me pida los datos complementarios que estime oportunos, incluidos los textos de las resoluciones, de los que ya dispongo. Atenderé todas las preguntas y las peticiones de material que colguéis al pie de esta entrada como comentario.

                En este momento solo me interesa hacer una observación, que es la causante de este comentario. El TS reconoce que la educación diferenciada no es ilegal y encuentra expreso amparo en los convenios internacionales en la materia, en las Directivas Comunitarias y en la normativa nacional, pero acto seguido afirma que no puede beneficiarse del sistema de conciertos porque la diferenciación por sexos es discriminatoria. Conviene retener este dato. Dice la st. de 23-7-12 (rec. 4591/11), y reproduce luego la de 24-7-12 (rec. 5423/11): “Pero, es obvio, que, previamente, el artículo 84 de la Ley 2/2.006 que expresamente se refiere a "la admisión de alumnos" ha excluido de la posibilidad de concertación a los centros de educación diferenciada por sexos, al prohibir en su número 3 la discriminación por sexo en la admisión de alumnos, existencia de discriminación que es previa al cumplimiento del resto de las condiciones que se exigen para lograr la suscripción del concierto”.

                Algunos de vosotros ya estaréis detectando el problema sin necesidad de mayores explicaciones, porque se trata de uno de esos casos en los que la argumentación lógico-silogística aún tiene algo que decir con independencia del contenido de la premisa. ¿Cómo se puede afirmar que una situación es legal y luego lo contrario, que es discriminatoria, lo que significa que es inconstitucional?.

                El TS deja este asunto mal resuelto, y de ello podrán derivase consecuencias en el futuro. La educación diferenciada no es discriminatoria per se, en cuanto no existen indicios, ni estos se alegan en las causas respectivas, de que un alumno, cualquiera que sea su sexo, pueda ser discriminado en la admisión a uno de estos centros, ni de que una vez admitido, los niños y las niñas reciban formaciones académicas distintas o de diferente calidad. Ocurre que con iguales criterios de admisión para todos, niños o niñas, y con iguales planes formativos, se educa a unos y otros de manera separada.

                Es más, si en efecto la educación diferenciada fuera discriminatoria, de lo cual no existe rastro, entonces no es que los centros educativos afectados no puedan aspirar al concierto, sino que deben ser cerrados directamente, por contrariar la Constitución Española y la Ley Orgánica que desarrolla el derecho a la educación.

                Dicho lo cual, habrá que esperar a la reforma de la normativa en la materia, como ya he dicho anunciada por el Ministro de la Cosa. Que como incidirá sobre un contenido legislativo, por una vez, mal interpretado, y tendrá por objeto dejar sin efecto un criterio jurisprudencial, puede deparar, como suele ocurrir en tales ocasiones, las más jugosas y desesperantes sorpresas. 

QUÉ HA ENTRADO EN CRISIS (III) (La ocupación de la sociedad civil por el poder político)

                        En su situación frente a la crisis, España presenta factores específicos que quizás no concurran en el resto de países europeos. Sin lugar a dudas existen una multiplicidad de ellos, muchos de carácter económico. Pero no me interesan ahora éstos, sino los de carácter socio-político, y aún de manera más específica, el que se refiere a la crisis de las instituciones, debida, en gran medida y a mi juicio, a la politización invasiva, injustificada, desproporcionada e inclemente de cuanta organización pública o privada ha merecido la pena en este país.

                        La situación actual no ha surgido de la nada; por el contrario, tiene un origen histórico detectable, en cuyo ámbito resultaban hasta cierto punto justificables o comprensibles las actitudes entonces embrionarias, que hoy sin embargo nos abruman y asfixian.

                        Al comienzo de la transición las fuerzas políticas, pero muy especialmente el PSOE a partir de 1982, sintieron la necesidad de propiciar un relevo generacional masivo en los aparatos del estado, en todos sus ámbitos y en todos los escalones de responsabilidad. Franco había muerto en 1976, la Constitución se había promulgado en 1978, y no podemos olvidar que todavía en 1981 se producía un golpe de estado afortunadamente infructuoso. Cuando tras las elecciones anticipadas el partido socialista llega al poder, siente para sí como una losa inamovible lo que considera el lastre de una casta de servidores del estado a los que teme indiferentes o desafectos, cuando no abiertamente hostiles al nuevo régimen democrático.

                        Carezco de datos para evaluar si aquellos recelos tenían en efecto una base sociológica real. Pero no es dudoso que el aparato del PSOE y el Gobierno que de él dependían, se conjuraron de manera decidida en lo que habría de constituir una operación perfectamente planificada que tenía por objeto propiciar un recambio de efectivos humanos en la administración del Estado. La herramienta de tal empeño fue de manera principal el Boletín Oficial del Estado. Desde prácticamente el comienzo, pero sobre todo a partir de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, se regularon sin excepción todos los ámbitos de la organización del Estado, los cuerpos generales de funcionarios, las fuerzas armadas y los jueces. Se establecieron estructuras organizativas novedosas, y nuevos sistemas de ascenso y promoción, se revolucionaron algunos de los sistemas de acceso, como ocurrió de manera parcial con la carrera judicial, y se facilitaron enormemente las jubilaciones para provocar el abandono anticipado de los funcionarios de mayor edad.

                        Si a lo anterior unimos que en buena parte de la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa se consolidó la administración de las Comunidades Autónomas, y que en su conjunto, considerando también a la administración estatal y la de las corporaciones locales, se produjo un aumento exponencial del número de servidores públicos, bien podremos concluir que seguramente no se ha producido en toda la historia de España una revolución silenciosa tan intensa como la que tuvo lugar en aquellos años. No sé si la administración surgió del proceso descrito mejor preparada para cumplir sus funciones, pero con seguridad salió completamente cambiada en comparación con la existente quince o veinte años antes.

                        Hasta aquí la primera parte del proceso de invasión de la sociedad civil por el poder político. Como podrá observase, nos encontraríamos todavía ante una fase derivada de un proceso técnico, y aún contando con los errores o abusos que ya entonces pudieran haberse producido, fuertemente anclada en un designio de reforzamiento de la democracia, de modernización de los aparatos administrativos, y de aplicación de los planes de reforma política que podían derivar de los ideales de un partido ascendido al poder tras ganar unas elecciones, y por ello perfectamente legítimos.

                        Si hubieran parado aquí, tendríamos que lamentar muchos menos daños que los posteriormente sobrevenidos. Pero no fue así, y comenzó la que considero segunda fase del proceso de invasión. En esta, regentada todavía por el PSOE en el gobierno de la nación, los diseñadores de la gran operación, parte de los cuales pregonaban ya con todo desparpajo la muerte de Montesquieu, descubrieron que nada ni nadie ponía límites a sus proyectos, que la hegemonía política podía reforzase, y aún debía unirse a ella la económica y la social en cuanto fuera posible, y que para conseguir tales objetivos, debían infiltrase todos los centros del poder e influencia del país. Debe decirse que en tal empeño trabajaron con igual denuedo el PSOE en el gobierno de la nación y en las comunidades autónomas de su gobierno, y el PP y los partidos nacionalistas en las suyas. No debe perderse de vista que el mecanismo de ocupación que intento describir, se produjo de manera mimética y por emulación en todas las administraciones públicas, cualquiera que fuera el color político de su gobierno.

                        Tal empeño se fundaba en una construcción teórica enormemente simplista y profundamente errada de la democracia, que la configuraba no solo como el legítimo gobierno de la mayoría, sino el régimen en la que esta podía imponer cualquiera de sus designios aunque fueran contrarios a la ley o no encajaran en las estructuras de control institucional. Para aquellos muñidores la ley era despreciable sino apuntalaba y protegía sus propios intereses, y el concepto de “coto vedado” de derechos fundamentales indisponibles incluso frente a la mayoría, simplemente irrisorio. 

                        Por tanto había que impregnarlo todo, incluso aquellos organismos que basaban su naturaleza y su razón de ser en la imparcialidad y la neutralidad. Y eso incluía al poder judicial, el tribunal constitucional, el consejo de estado, y todos los órganos reguladores y de control. El paso siguiente o simultáneo según los casos fueron las empresas públicas y las cajas de ahorro, en las que encontraron una fuente inagotable de financiación para sus proyectos, para terminar creando una red tupida de clientelismo y agradecimientos en los medios de comunicación.

                        En algún momento que soy incapaz de identificar, todo aquello se les fue completamente de las manos. Ya no era cuestión de propiciar un cambio de régimen o de extender con mayor o menor honradez o acierto una ideología; ahora se trataba de colocar a la familiares, amigos y redes clientelares, y obtener beneficios de diverso tipo. Y aparte del fenómeno de la corrupción político-económica, en la que no voy a entrar, en lo que ahora nos interesa hicieron otro descubrimiento trascendental: el juego que podía dar el personal laboral y de confianza dentro de la administración, y las posibilidades casi ilimitadas de las sociedades públicas y otras entidades descentralizadas en las que se colocaba en mayor mediada el personal laboral.

                        El mecanismo de ocupación parecía claro en un principio: mientras que los funcionarios debían superar pruebas de acceso mucho más difíciles de controlar y manipular, los trabajadores no, aunque para el personal laboral también existieran procesos selectivos. Pero la trampa era clara: si un trabajador era irregularmente contratado, incluso al margen de los procesos selectivos, adquiría la condición de fijeza. Y de este modo miles y miles de trabajadores se convirtieron en fijos de plantilla en la administración, particularmente la local y la autonómica. La situación llegó a tal límite que el Tribunal Supremo reaccionó a partir de una sentencia de 20 de enero de 1998, para decir que la condición de fijeza derivada de la contratación irregular no podía mantenerse, y que a partir de ese momento tal calificación se sustituiría por la de “carácter indefinido”, en cuya virtud el trabajador permanecía como tal en la administración, pero con la diferencia en relación al fijo de que si era cesado, no generaba derecho a indemnización.

                        Las cifras son claras, y ponen de manifiesto la enormidad del fenómeno: en el momento actual existen unos 2.657.000 servidores públicos en España, de los cuales 1.596.000 aproximadamente son funcionarios, unos 687.000 trabajadores, y unos 375.000 personal interino y de confianza. De todos los indicados, el 3,9% se adscriben a las universidades, el 21,9% el estado, el 23,6% a las administraciones locales, y el 50,6% a las comunidades autónomas. Juzguen ustedes las proporciones.

                        Por cierto, no quiero insinuar ni mucho menos que todo el personal laboral de las administraciones sean “enchufados” o hayan ingresado fraudulentamente. Solo que el mecanismo antes descrito se ha utilizado con frecuencia para ciertas finalidades espurias, y por más que pese a muchos en este momento, que la práctica era conocida y admitida como inevitable en muchos ámbitos. Y esto es perfectamente compatible con que la mayor parte de los servidores del estado, funcionarios o personal laboral, con auténtico sentido y vocación de servicio público, sostengan lo mejor de la administración, la que protege y preserva este desvertebrado estado.

                        Voy terminando. La tercera fase no ha tenido lugar de manera temporalmente lineal, sino irregular, conforme se iban produciendo los sucesivos relevos políticos en las diferentes administraciones como consecuencia de las periódicas elecciones. Allá donde un nuevo partido se hacía con el poder fuera donde fuera, municipios, diputaciones, comunidades autónomas o en el gobierno de la nación, se escuchaza una expresión que se nos ha hecho ya familiar: “Y ahora ¿porqué nos tenemos que tragar a estos?”. Claro, no se los “tragaban”, sino que se comenzaban procesos masivos de sustitución, al estilo del spoil system de relevo indiscriminado de cargos en los siglos XVIII y XIX. Pero como en muchas ocasiones tal relevo no podía tener lugar en sentido estricto porque lo impedían las garantías de permanencia y estabilidad, entonces se relegaba al personal en cuestión, nombrando o contratando a otro nuevo. Huelga decir que desde la primavera del año pasado la situación que describo está adquiriendo en España dimensiones apocalípticas.

                        Y así nos va. Se han creído con credulidad sin fisuras que todo les pertenece, que todo es susceptible de alteración, adaptación, venta y disposición, que nada escapa a sus designios, que la alternancia no significa solo el natural y sano cambio político, sino que debe empapar, en cuanto lo permitan las estructuras administrativas, cuanto se pueda en la sociedad civil y desamparada. Han originado estructuras administrativas y de poder mastodónticas que nos hacen pagar con nuestros impuestos y que sirven más a sus fines que al beneficio social. Y consideran un instrumento de sus estrategias mercadear con los nombramientos de los miembros de las instituciones más venerables.

                        No digo más porque ya me he extendido demasiado. Solo quería dejar constancia de que este deleznable fenómeno no se encuentra latente o en extinción, sino plenamente operativo y desplegando sus efectos. Es muy difícil imaginar cómo cualquier de los grandes partidos políticos, autores y responsables del desaguisado, podrían ponerle remedio. Aguardamos expectantes.

QUÉ HA ENTRADO EN CRISIS (II)

                        La segunda cosa que ha entrado en crisis es la Unión Europea. Desde su mismo nacimiento la UE se orientó de manera decidida al desarrollo de una política común económica y monetaria, que siendo siempre prioritaria, alcanzó velocidad de crucero a partir del año 1999 con la creación del Banco Central Europeo, la unificación de tipos de cambio y la introducción de una moneda única, si bien como simple valor de referencia hasta el año 2002. El problema en este punto ha sido que los criterios de convergencia se han tomado un tanto a la ligera, en su cumplimiento y en su control. Se han permitido desviaciones, cuando no ocultaciones, y las grandes orientaciones de política económica (las GOPEs) se han seguido con criterios más que amplios.

                        Nada de esto importaba en los días de leche y miel. El dinero fluía, y los fondos estructurales y de cohesión dispensaban de manera generosa recursos que se aprovechaban de forma muy irregular según los países destinatarios, pero que en todo caso generaban un activo circulante que de manera directa, o por liberación de otros recursos en cada estado miembro, producían una sensación de disponibilidad superior a la real. Todo estaba bien, porque era claro que con el incremento de la riqueza de los países destinatarios, se aumentaba también la de los proveedores, que eran a su vez y en gran medida, los dispensadores de los bienes y servicios reclamados. Puro intercambio comercial. Y en esta situación todos se regocijaban y aplaudían, incluida Alemania, que hacía frente a la descomunal tarea de la unificación.

                        Pero las grandes construcciones edificadas sobre cimientos débiles suelen dar problemas, y este caso no iba a ser menos. La cuestión es que en las progresivas ampliaciones se ha operado como si todos los estados miembros fueran homogéneos no tanto en riqueza, que evidentemente no lo eran, sino en culturas jurídicas y políticas y en sentido de la responsabilidad. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que mientras ciertos estados miembros hacían correctamente los deberes, otros se embarcaban en un carnaval de inversiones injustificables, creaban infraestructuras materiales y administrativas insostenibles, llegaban incluso a desviar los fondos y falseaban las cuentas y en definitiva, en mayor o menor medida, originaban una desconexión suicida entre el aparato del estado y la capacidad productiva real que lo sustentaba.

                        Esto ya estaba aludido en la anterior entrega. Lo esencial ahora es que parte de los estados miembros exigen soluciones solidarias que tienen un inconveniente infranqueable: diluyen las responsabilidades nacionales actuales. Esto es algo que los países saneados y particularmente Alemania, no van a admitir. Y harán bien. Resulta que una vez que se han puesto a la vista las vísceras de los estados miembros, los más endeudados y desequilibrados piden que sus problemas se solventen mediante la compra masiva de deuda pública por el Banco Central Europeo, o por la creación de bonos europeos que consumirían o absorberían la deuda existente y unificarían los tipos; esto es, mediante la entrada del dinero y el crédito de los que lo tienen, sin garantía alguna de que los causantes del desastre saneen sus cuentas, solventes sus responsabilidades o enmienden su situación ad futurum.

                        Creo yo que estamos viviendo en la UE un autentico golpe de estado institucional y político. Y va a ser consumado. Los contribuyentes natos, y particularmente Alemania, no van a permitir que sus ciudadanos se vean obligados a costear indefinidamente las deudas ajenas, y mucho menos sus despilfarros. Como a ellos también les conviene sanear el ambiente y estabilizar el sistema para vender sus productos y servicios y no verse arrastrados por situaciones catastróficas, idearán soluciones que impliquen poner dinero. Pero exigirán control estricto. No autocontrol de los estados miembros, sino control de Alemania por medio de las instituciones europeas más ejecutivas. Vayan olvidándose de la progresiva atribución de competencias al parlamento europeo. Mandará la Comisión con restricciones, y sobre todo el Consejo, y si es necesario, modificarán los tratados constitutivos.

                        El que perciba deberá acreditar unas prácticas impecables y adecuar su estructura a sus posibilidades. Por supuesto nadie puede ser obligado a tales métodos, que exigirán con seguridad y sobre todo al principio, enormes sacrificios y estricta rendición de cuentas. Quién no quiera o no pueda seguir tal dinámica, se quedará fuera, y como la baja de la Unión Europea no parece posible, se creará la famosa “UE a dos velocidades”.

                        Estoy convencida que los auténticos líderes de la UE, esto es, los que pagan, han tomado ya una determinación innegociable: no volver a consentir jamás divergencias económicas tan dramáticas entre los estados miembros, exigir responsabilidades estrictas, y dejar fuera a los disidentes. Observo como ciertas personas piden “más Europa”; puede que sea buena idea, y yo misma estaría de acuerdo, pero conviene que no perdamos de vista lo que esto significa en el momento actual: no solo respaldo, sino correlativa pérdida de soberanía, y no por cierto para cederla a organismos de representación democrática, sino a órganos ejecutivos y fiscalizadores. Quien crea que si nos acogemos a tales mecanismos, (cosa que está por ver porque quizá no tengamos la oportunidad, al menos inmediata), seguiremos manteniendo una sustancial libertad para diseñar nuestra política económica, está muy equivocado.

                        Este será con seguridad un de los mayores retos de los años venideros: conciliar el control de los tecnócratas europeos con la voluntad democrática de los países miembros, y en menor medida, de la propia Unión Europea.

QUÉ HA ENTRADO EN CRISIS (I)

                        En ocasiones, cuando escucho hablar de la crisis y sus causas, tengo la sensación de que se da demasiada importancia a factores secundarios, y no a los que realmente importan. Es como si nos empeñáramos en hablar obstinadamente del detonador de la bomba, eludiendo pronunciarnos sobre las cien toneladas de dinamita que explosionan debajo.

                        Por ejemplo, no comprendo porqué tanta algarabía con los mercados financieros y sus intermediarios. Estos señores han estado ahí desde que el mundo es mundo, ejerciendo un oficio consistente ahora y siempre en ganar dinero. Lo hicieron cuando todo iba muy bien, y lo siguen haciendo ahora que va muy mal. Inventaron la letra de cambio en el siglo XIII y no precisamente para hacer obras de caridad, financiaron los grandes imperios, se hundieron con ellos o los sobrevivieron, cuando les dominaron y manipularon protestaron, y ellos intentaron hacer lo mismo en cuanto les dieron oportunidad.

                        Por cierto, disto mucho de ser una ingenua que confíe en que el mero interés racional y mucho menos la bondad, puedan resultar mecanismos exclusivos de regulación del mercado. A los intermediarios financieros hay que tenerlos controlados para evitar maniobras coyunturales a corto que puedan en momentos determinados causar perjuicios específicos. Pero fuera de esto, todavía estoy esperando que alguien me explique porqué son ahora tan depravados cuando desconfían de ciertos países y de la devolución de sus prestamos e intentan proteger a sus inversores, mientras que ni siquiera se hablaba de ellos y sus prácticas cuando pusieron en circulación buena parte del dinero con el que hemos costeado el festín de los últimos lustros.

                        No cabe duda de que algunas maniobras y tácticas han causado serios problemas en los mercados financieros. Pero habría que preguntarse porqué siempre los han causado para ciertos países y no para otros. Que la soberanía de un país se vea condicionada no es efecto de una voluntad específicamente orientada a tal finalidad que se geste en ocultos y misteriosos despachos de financieros sin escrúpulos, aunque en efecto los haya, sino consecuencia de la propia debilidad y de las tensiones estructurales de los países en cuestión. 

                        Algunos llegan a tal grado de simplificación que señalan a Lehman Brothers como causa de todo esto. Pero por muy desesperado o asustado que se esté, no se pueden confundir los términos hasta ese punto. Su quiebra no fue más que el detonador, la chispa, el factor desencadenante de un efecto latente en un sistema ya desestabilizado; si no hubiera sido aquello, hubiera sido otro acontecimiento, en EEUU o en cualquier otro lugar de este planeta aún más empequeñecido por la economía.

                        Entonces, ¿Qué hay dentro de las cien toneladas de dinamita? ¿Qué ha entrado realmente en crisis? Yo creo que tres cosas: la forma de costear el estado del bienestar en algunos países europeos, la Unión Europea tal como la conocimos hasta ahora, y de manera específica para España, una cierta cultura política y social especulativa,  basada en la ética de los derechos sin deberes ni responsabilidad.

                        En primer lugar, no cuestiono la existencia del estado del bienestar. Por razones que no vienen ahora al caso, creo que deben existir mecanismos de prevención de la necesidad y el infortunio, de redistribución de la riqueza, y de garantía de salud y educación de calidad para todos los ciudadanos.

                        Ocurre que varias generaciones de políticos de todos los colores de ciertos países, han pensado que los ingentes recursos necesarios para levantar y sostener esa estructura, podían provenir del mercado del crédito de manera ilimitada, sin consideración a la riqueza del país y a su capacidad productiva. Nótese que con independencia de ciertos amagos en EEUU, que a lo peor estén todavía por mostrar su auténtica dimensión, la crisis se está convirtiendo en específicamente europea, esto es, del continente en el que el estado del bienestar ha adquirido su mayor dimensión. En los lugares en los que está en un menor estadio de desarrollo, la crisis apenas hace mella. Y dentro de Europa, se ven afectados los estados del bienestar más endeudados, no otros con escasos o inexistentes déficits. Por otro lado parece también muy claro en este momento que ésta se ha convertido en una crisis de deuda pública que ha afectado de manera también desigual al crecimiento económico.

                        Mientras el sistema funcionó por sus propios méritos y luego y durante un tiempo por inercia, nada de esto se puso de manifiesto. Pero cuando los desequilibrios internos reventaron las costuras resultó primero, que el dinero circulante no era suficiente para atender todas las demandas de financiación públicas y privadas y segundo, que se desmoronó la confianza en la capacidad de hacer frente a sus compromisos no de los países más endeudados, sino de los más incapaces de crear riqueza y solventar sus debilidades, aunque a veces ambas situaciones coincidían. Importa señalar que no estamos ni mucho menos ante una crisis global. En realidad la mayor parte del mundo mira inquieto pero solo indirectamente afectado lo que ocurre en Europa, y en mucho menor medida en EEUU. Otra cosa es que el defecto de soluciones eficaces termine por extender la crisis a otros lugares del mundo. Pero ese sería otro escenario y otros mecanismos.

                        Creo yo que esta patente realidad nos está mandando un mensaje que haríamos muy mal en desoír. Se nos está indicando que cada país debe tener el estado del bienestar que puede permitirse; que si se quieren costear políticas sociales hay que generar riqueza, y que cuantos más derechos sociales quieran dispensarse, más riqueza deberá crearse; que el gasto público puede ser ideológico, y por tanto superior o inferior según las opciones políticas legítimamente elegidas en cada momento, pero nunca el déficit, que por motivos de estricta supervivencia debe controlarse o incluso limitarse con leyes, y si es preciso con cláusulas constitucionales; y que tanto los políticos como los ciudadanos deben regirse por estrictos principios de responsabilidad, los primeros para proponer derechos sociales viables y explicar de manera transparente sus costos y cuáles serían los destinatarios de los esfuerzos y los beneficios, y los segundos para atemperar su actuación a las posibilidades benefactoras del estado, y a ejercer con su voto un control real de calidad sobre la actuación política.

                        Cualquier ciudadano debería pensarse dos veces apoyar a un partido que proponga beneficios de manera irresponsable, salvo que le resulte indiferente contribuir al desastre, inmediato o diferido.

LIMITACIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO, CONSTITUCIONALISMO Y BUENAS MANERAS DEMOCRÁTICAS.

Me preocupa enormemente todo cuanto se relaciona con la reforma del art. 135 de la CE que ha tenido por objeto la introducción de un límite para el déficit público. Adelanto ya que soy partidaria de establecer algún tipo de límite constitucional en tal sentido. Que creo que la medida constituye una garantía emparentada con los modernos sistemas neoconstitucionalistas. Y que la importancia del empeño se ha visto en buena medida empañada por su penosa tramitación.

                            Comenzaré por lo primero. Lo que demuestra la experiencia es que el incremento del déficit público no se relaciona ni siquiera indirectamente con el color político del partido gobernante. Por el contrario, los datos históricos demuestran que en EEUU los mayores déficits se han generado por gobiernos republicanos, y que en Europa se han originado indistintamente por gobiernos conservadores o socialdemócratas.

                            Esto parece querer decir algo significativo, y creo que sería de enorme importancia trascender las discordias más episódicas y epidérmicas para dilucidar lo que está en juego. Lo que ocurre es que la demanda de bienes y servicios por parte de los ciudadanos de las sociedades modernas es potencialmente ilimitada, y que los partidos políticos en un sistema democrático, cualquiera que sea su color, se encuentran sometidos a una enorme presión, a una dinámica continua de satisfacción de aquellas demandas, si pretenden acceder al poder o mantenerlo. En España concurren además factores adicionales, pero eso es harina para otro día.

                            La consecuencia parece clara: si los gobiernos ejecutan programas públicos que fomentan el déficit de manera irresponsable, lo que se pone en juego es la pervivencia del estado del bienestar y de la propia democracia. Desde este punto de vista, me parece que una regulación meditada, ajustada y equilibrada de la materia en los textos constitucionales, puede convertirse en un útil freno de aquellas tentaciones. Exactamente del mismo modo que la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas en las modernas constituciones, se alza como una garantía infranqueable frente a los abusos no solo del poder público ejecutivo, sino también, no lo olvidemos, de las mayorías tanto parlamentarias como populares, que no pueden convalidar la injusticia por su simple refrendo.

                            Concibo entonces la limitación del déficit como una garantía y no como un condicionamiento odioso de la legítima acción política. Particularmente sino se olvida nunca que el déficit no es lo mismo que el gasto. El gasto público puede ser elevadísimo, pero estar acompañado de ingresos suficientes y una gestión eficaz. Tal acontece en Suecia, con uno de los niveles de gasto público (el 53% del PIB) más altos de Europa, pero con déficit cero. Y por supuesto incorporando a la regulación constitucional límites realistas y prevenciones adecuadas para supuestos especiales, lo cual hace por cierto el texto aprobado en las Cortes.

                            Ahora bien, la incorporación a una constitución de una disposición garantista de tal tipo, requiere de una fase de profunda reflexión y debate, similar a lo que ocurre en los periodos constituyentes, que fundamente la autolimitación que la sociedad se impondrá así misma para el futuro. Si la reforma se priva de esta premisa deliberativa, queda en cierta medida, pero no la menos importante, mermada en su legitimidad, y resultará por ello más vulnerable al embate de las objeciones de generaciones futuras, o de la misma en situaciones cambiantes.

                            En tales maneras ha resultado deficitario el proceso español de reforma constitucional, propiciado por fuerzas extrañas a nuestra soberanía, y tramitado en las Cortes de manera precipitada y esperpéntica. Para la historia quedará la triste imagen de unos políticos ultimando pactos in extremis, solo minutos antes de las votaciones que requerían por el contrario de consensos de largo alcance y por encima de todo, de compromiso social. Por cierto que las prisas se han convertido en frenazo súbito, dado que aprobada la reforma en el Senado el 7 de Septiembre, todavía no se ha publicado en el BOE cuando cuelgo este texto en el blog, dieciséis días después.

                            Aparte de estas objeciones, no quiero ni pensar que en la aprobación de la futura ley orgánica llamada a desarrollar el precepto constitucional, se reproduzcan similares arreglos, componendas y vacilaciones, y mucho  menos que se quiera desvirtuar en lo posible su contenido, o someterlo a la tensión del imposible control compartido con las comunidades autónomas.

                            Solo queda desear que si la vergüenza de tal proceso queda para sus autores en la historia, al menos quede también su indudable beneficio para la sociedad que lo contempló estupefacta.

PRESENTACION

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